La Junta de Supervisores del Condado de San Diego aprobó el miércoles una resolución que insta al gobierno federal a presionar a México para que ponga fin a la crisis de aguas residuales del río Tijuana.
La resolución, presentada por el supervisor republicano Jim Desmond, fue aprobada por 3 votos a 1. Sin embargo, fue Desmond quien finalmente emitió el único voto negativo, ya que la versión enmendada aprobada por los funcionarios no es suficiente, afirmó.
Las supervisoras demócratas Terra Lawson-Remer y Monica Montgomery Steppe expresaron su preocupación de que la versión original fuera demasiado amplia y pudiera inducir a una retórica anti-México.
“Ya no tenemos miedo de herir los sentimientos de México”, dijo Desmond. “Tenemos que usar un lenguaje contundente”.
El debate fue el ejemplo más reciente de cómo la crisis de contaminación, que dura décadas, se ha polarizado al debatir qué deben o no hacer los gobiernos locales para abordar un problema binacional que afecta directamente a sus electores.
Los funcionarios aprobaron una resolución que no obliga al condado a tomar nuevas medidas. En cambio, declara que “este flujo continuo de aguas residuales es responsabilidad reconocida de los gobiernos federales de Estados Unidos y México, y que este problema excede la capacidad de cualquier municipio local para mitigarlo y controlarlo”.
En concreto, la resolución insta al Congreso a aprobar una legislación que responsabilice a México por no haber evitado que las aguas residuales contaminen a las comunidades de la región suroeste del condado. Algunas medidas sugeridas incluyen la autorización federal para desviar o restringir temporalmente el río Tijuana en el sur de San Diego. También insta a restringir la exportación de agua potable a Tijuana o limitar la actividad transfronteriza en los puertos de entrada estadounidenses durante las emergencias relacionadas con las aguas residuales que declare el condado.
México ya enfrenta presiones de la istración Trump por las fuentes de agua compartidas entre ambos países. A principios de este año, y por primera vez en casi medio siglo, el gobierno estadounidense se negó a enviar agua del río Colorado a Tijuana, que sufre graves sequías durante la temporada seca. Esto se debe a que el gobierno mexicano está retrasado en el suministro de agua al Río Grande, también conocido como Río Bravo en México, esencial para la agricultura texana. Estados Unidos declaró que México debe agregar una cantidad específica de agua al río para octubre.
Tijuana, con una población de aproximadamente 2.3 millones de habitantes, depende en gran medida del agua importada del Río Colorado. Sin embargo, busca fuentes alternativas, incluyendo la construcción de una planta desalinizadora en Playas de Rosarito, que produciría 50 millones de galones de agua potable al día.
Además, la resolución insta al Congreso a solicitar al presidente de Estados Unidos y al gobernador de California que declaren el estado de emergencia por la crisis de aguas residuales.
Lawson-Remer y Montgomery Steppe lograron omitir en la resolución la redacción que incentiva al gobierno federal a aplicar “sanciones económicas, aranceles y limitaciones al cruce fronterizo” cada vez que México incumpla las obligaciones del tratado diseñadas para prevenir derrames de aguas residuales. Y hasta que se apruebe dicha legislación federal, se insta al presidente Donald Trump a utilizar órdenes ejecutivas para hacer cumplir los requisitos del tratado. “(El lenguaje general) da demasiada libertad de acción que podría quedar fuera del alcance de lo que realmente estamos discutiendo”, dijo Montgomery Steppe.
La resolución de Desmond reflejó una que el Ayuntamiento de Imperial Beach aprobó en abril. Dicha resolución fue impulsada por los líderes republicanos de la ciudad y contó con la oposición de la alcaldesa demócrata Paloma Aguirre. El concejal de Imperial Beach, Mitch McKay, reveló la resolución en una conferencia de prensa junto con varios funcionarios republicanos, incluido el oponente de Aguirre, el alcalde de Chula Vista, John McCann. Ambos se postulan para supervisor del condado para representar al Distrito 1, que incluye a las comunidades afectadas por la crisis de las aguas residuales.
Aguirre propone un plan de acción que, en su opinión, el condado debería adoptar. Este plan sugiere eliminar las zonas a lo largo del río Tijuana consideradas focos de contaminación, crear un puesto de “jefe de crisis de aguas residuales” del condado, realizar más estudios de salud pública y mejorar la calidad del aire en las escuelas y guarderías con mejores sistemas de ventilación.
El lunes, en una conferencia de prensa con Lawson-Remer frente al Centro de istración del Condado, Aguirre afirmó que, a pesar de los recientes avances en la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales, los residentes del sur del condado siguen sufriendo a diario.
“Es hora de que el condado de San Diego deje de estar al margen”, declaró. “No podemos seguir pidiendo al gobierno federal que intervenga cuando el gobierno de nuestro condado no lo ha hecho”.
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